Paraguai: a transnacional
Monsanto foi protagonista da destituição de Lugo
WALTER GOOBAR – El gobierno de Fernando Lugo ya había
sufrido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más
diversos motivos. En su mayoría, estas operaciones de desgaste contra el ex
obispo y presidente, fueron propiciadas por su vicepresidente Federico Franco, una suerte de Cleto Cobos guaraní que
se distanció políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato
presidencial, el 28 de abril de 2008.
Sabiendo que contaba con los votos del Partido Radical
Liberal Auténtico (Prla), más los del Partido Colorado –fundado por el dictador
Alfredo Stroessner–, en reiteradas oportunidades el vicepresidente Franco fue
hasta la sede del gobierno para intentar extorsionar a Lugo con la amenaza del
juicio político, Franco nunca ocultó que quería ser presidente, si no lo logró
antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra, porque
tenían su propia estrategia de desgaste.
En esta oportunidad, la convergencia de tres actores
en las sombras –la siniestra trasnacional sojera Monsanto, la oligarquía
latifundista paraguaya y la jerarquía de la Iglesia católica–, hicieron que el
Partido Colorado modificara su estrategia, habilitando el juicio político a
menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato,
el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como
seguro triunfador.
No se puede descartar que los colorados, que
representan los intereses de los grandes latifundistas paraguayos optaran por
un golpe de mano preventivo ante la presunta amenaza de los campesinos sin
tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo
prometió y nunca cumplió. Tal vez temían que los desposeídos avanzaran en la
ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo,
pero lo concreto es que se avizora detrás del golpe institucional es un plan
para criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones
campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo
del agronegocio.
En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en
la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien
podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que
culminó este viernes con la destitución del presidente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de
inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la
emboscada, en la cual murieron seis policías.
No se comprende cómo policías altamente entrenados, en
el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa
tendida por campesinos, como hizo creer la prensa aliada al golpe express.
Los uniformados reaccionaron y acribillaron a los
campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos
estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel
Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
En ese contexto, el asesinato del hermano del jefe de
seguridad del presidente de la República obviamente fue un mensaje directo a
Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo. Más aún, tanto la
Fiscalía que investigó la masacre, como el Poder Judicial y la Policía
Nacional, están controlados mediante convenios de cooperación por Usaid, la agencia
de cooperación de los Estados Unidos.
Pese a las múltiples advertencias de numerosos aliados
dentro y fuera de Paraguay, Lugo no se abocó a la tarea de consolidar la
heterogénea fuerza social que en 2008 lo elevó a la presidencia. Su gravitación
en el Congreso era absolutamente mínima, uno o dos senadores, mientras
sobreestimaba la capacidad de movilización para garantizar la gobernabilidad a
su gestión.
A lo largo de su mandato se sucedieron múltiples
concesiones a la derecha como las leyes antiterroristas que promulgó a pedido
de la embajada de Estados Unidos, sancionadas por un congreso que es uno de los
más corruptos del Continente y que terminó destituyéndolo en un farsesco
simulacro de juicio político que violó todas las normas del debido proceso.
Según el periodista y autor del libro Los Herederos de
Stroessner, Idilio Méndez Grimaldi, la trasnacional Monsanto ha cumplido un
papel central en el golpe contra Lugo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura
y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, dio el visto bueno
provisorio a la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de Monsanto, para su
siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones
ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con
el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas
del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que deposita sus huevos
en el capullo del textil.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas, Senave, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, se negó a inscribir dicha semilla transgénica en los registros de
cultivables, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la
Secretaría de Ambiente.
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de
la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo
Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, lanzó una feroz ofensiva contra el
Senave y su presidente por no inscribir la semilla transgénica para su uso
comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con
una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del Senave, de nombre
Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y
nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es
esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas,
entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por
Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. El viernes 15 de junio,
coincidiendo con una exposición anual organizada por el Ministerio de
Agricultura, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón,
doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado
y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana era
la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en
la Argentina y otros países del mundo. Sin embargo, la ministra de Salud de
Lugo se oponía.
Paraguay es uno de los países más desiguales del
mundo. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero
y del agronegocio que nunca ocultaron que iban a conseguir la aprobación de las
semillas de Monsanto a como diera lugar.
Diario Miradas al Sur
