Represión contra estudiantes en Valencia, España |
Título original: ¿En la “dictadura cubana”? No, en la “democracia española”
Iroel Sánchez
22 noviembre, 2013
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana española endurece
los castigos frente a las protestas sociales. Algunos de los hechos penados por
la llamada “Ley mordaza” y sus consecuencias, con información de Público.es:
Infracciones muy graves (Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros)
- La grabación y difusión de imágenes de agentes de
las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el
derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la
de la intervención policial correspondiente.
- La perturbación grave del orden en actos públicos,
religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
- Las concentraciones no comunicadas ante
instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos
autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante
infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
- Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La
ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que
no deben sobrepasar los concentrados.
Infracciones graves (Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros)
- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier
elemento que dificulte la identificación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes
de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden
público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres
que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o
precipitarse desde los mismos.
No se dice en nigún caso cuál sería la sanción si esos
hechos fueran alentados y financiados por una potencia extranjera pero el
Código penal español recoge que:
“Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a
ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o
comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia
o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con
grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.”
Fonte: La
Pupila Insomne
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