Título original: Las empresas militares privadas penetran Latinoamérica
por Ricardo Martínez
Publicado: 23 oct 2013
En forma ascendente, los servicios
militares de compañías privadas se ofertan y demandan en países de América
Latina.
Según organizaciones civiles de los derechos humanos y
ambientalistas colombianas, peruanas y mexicanas, las corporaciones militares
de origen estadunidense, inglés e israelí mantienen filiales y subsidiarias en
la región, dedicadas a promover una gama de actividades de seguridad,
entrenamiento, apoyo logístico, formación de combate y venta de armas ligeras y
pesadas.
Empresas como SY Coleman Corporation, Risk
Incorporated, Dyncorp, XeServices (antes Black Water), Global CST, entre otras,
dominan el rentable mercado bajo la tutela y control de los órganos de
seguridad de los Estados Unidos y países aliados en la llamada 'lucha contra el
terrorismo' en el marco de la nueva doctrina de seguridad hemisférica.
En estos días, la Comisión de Fiscalización del
Congreso de Perú dio a conocer la investigación sobre tres exministros del país
sudamericano implicados en contratos secretos con la firma israelí Global CST,
a partir de un decreto suscrito en 2009 bajo el segundo gobierno del
expresidente Alan García, que consistió en "compra de servicios" de
entrenamiento de fuerzas especiales de élite, seguridad y equipamiento por un
valor de 16 millones de dólares.
También están implicados otros veinte exfuncionarios
civiles y militares, presuntamente por formar parte de la red de gestores y
consultores de servicios de entrenamiento vinculados a la corporación militar
privada, que luego de varios años de investigaciones legales es que en 2013
sale por fin a la luz la trama de las 'empresas privadas de la muerte'.
Global CST cuenta con un historial de venta de
aparatos y servicios de tipo militar en países de la región. Por ejemplo, en
Colombia suministró entrenamiento en contrainsurgencia a tropas del Ejército
durante la gestión del actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando fue
ministro de Defensa (2009) y encargado de la lucha contra la guerrilla de la
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otras empresas israelíes como Alfacom, de
radiocomunicaciones e inteligencia, y Security and Intelligence Advising, de
capación en seguridad, mantienen operaciones en Colombia ofertando sus
productos al Gobierno en un proceso de restructuración de la inteligencia y los
cuerpos de seguridad convencionales.
Este tipo de servicios responden al proceso de transformación
estatal de algunos países latinoamericanos con mayor alienación a las políticas
de libre mercado y desregulación de Ejércitos y Policías, pero bajo un rígido
control de los resortes del poder político. Se trata de la penetración privada
gradual al uso del monopolio de la fuerza que ejercen los Estados.
En Colombia, los servicios de otras empresas similares
se despliegan en rubros como la llamada 'lucha antinarcóticos', lo mismo que a
proteger empresas extractivas, sobre todo mineras y petroleras. La
estadunidense DynCorp mantiene base operativa en el país andino y recibe
orientaciones desde su base central en Florida.
Se dedica a la búsqueda y destrucción de cultivos de
enervantes bajo operaciones encubiertas. Desarrolla estrategias de cobertura a
militares y da soporte técnico de movilización de tropas con helicópteros y
aviones propios en alquiler.
En febrero de este año en curso, la firma enfrentó un
proceso legal por torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de familiares
de las víctimas que se opusieron a las empresas mineras y a la explotación
petrolera en zonas naturales del quinto país que más vende el energético a los
Estados Unidos.
El control de sitios estratégicos de empresas
multinacionales son objetivos de las firmas del ramo 'new security and
development'. Se combinan con hostigamientos a opositores sociales como
sindicalistas, ambientalistas y campesinos.
En México, el Centro de Estudios sobre Seguridad
Pública denunció el inicio de operaciones de SY Coleman Corporation, al abrir
una convocatoria a exmilitares estadunidenses para realizar labores de
vigilancia aérea en la zona petrolera del estado de Veracruz, en el golfo de México.
También, la organización civil registró las acciones
de entrenamiento a policías del grupo especial táctico de la municipalidad de
León, en el estado de Guanajuato, zona central del país azteca, por parte de la
compañía Risk Incorporated, con sede en Miami.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA)
en Latinoamérica el mercado de bienes y servicios de la seguridad privada
asciende a un 11% del total estatal y otra parte, sin cálculo certero, en
contratos de 'outsourcing' (logística), armamento, sistemas tecnológicos de
punta e inteligencia operativa y cibernética.
Mientras esto sucede en América Latina, los casos más
sonados en el mundo sobre crímenes de lesa humanidad recientes cometidos por
estas compañías bajo la cobertura estatal, sobre todo de Estados Unidos, siguen
impunes en Irak y Afganistán.
Las corporaciones militares privadas suministraron sus
servicios, antes, durante y después de las invasiones en 2001 y 2003 en los
países asiáticos. Allí se emplearon alrededor de un contratista privado por
cada soldado estadunidense. En realidad se trató de un ejército invasor con dos
cabezas, la privada y la estatal, las mismas que se asoman hoy en el hemisferio
americano.
Fonte: Actualidad.rt
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