 |
| Alrededor de 500 millones de dólares se gastaron en albergues temporales. Habría sido más eficiente construir viviendas permanentes ligeramente más caras pero durables. FIDH |
10 de diciembre de
2012: Un nuevo informe de Derechos Humanos denuncia la injerencia extranjera,
el incremento de la pobreza, la grave situación en los campamentos de
desplazados, la inseguridad jurídica para las personas, y la responsabilidad de
la MINUSTAH en la epidemia del cólera en Haití. En el Día Internacional de los
Derechos Humanos ponemos la mirada en uno de los epicentros de la exclusión
sistemática de Nuestra América.
Por Equipo Otramérica
Las organizaciones haitianas Red Nacional para la
Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y Centro Ecuménico para los Derechos
Humanos (CEDH) junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
presentaron el informe ”Haiti. Human Security in Danger”. El reporte concluye que la situación del país constituye un peligro
para la seguridad de la mayoría de las personas que habitan el país, y explica
que “Todo eso no obedece a la fatalidad, sino a políticas públicas nacionales,
en gran parte dominadas por los responsables políticos internacionales”.
La reconstrucción: inadecuada,
degradante e insegura
Las organizaciones denuncian que “el 80% de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza, en una situación de extrema precariedad, que el huracán
Sandy ha agravado. Para los 370.000 damnificados por el terremoto que aún viven
en campamentos de desplazados, la situación está empeorando día a día, las
condiciones de vida son indignas y degradantes, los desalojos forzados de los
damnificados siguen produciéndose en los campamentos ubicados en terrenos
privados... En ese ambiente tan degradado y degradante de los campamentos de
desplazados, la violencia no hace sino acrecentarse y las mujeres y las niñas
siguen siendo especialmente vulnerables a la violencia sexual.”
El informe lamenta que “las soluciones a las víctimas
del terremoto de enero de 2010 hayan sido inadecuadas e inseguras, y que hayan
pospuesto los problemas en el tiempo y en el espacio, en lugar de resolverlos”.
Las organizaciones recuerdan que la comunidad internacional se comprometió a
proporcionar un apoyo masivo a la reconstrucción del país tras el devastador
terremoto que dejó cerca de 300.000 muertos y más de un millón y medio de
personas desplazadas.
El dictador libre y los detenidos
sin asistencia legal
“Las graves deficiencias del sistema judicial
contribuyen a la perpetuación de la impunidad, la falta de acceso a la justicia
y la persistencia de la corrupción”, advierten las organizaciones haitianas de
Derechos Humanos y la FIDH, y expresan que “la orden del juez que declara
prescritos los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex
dictador Jean Claude Duvalier, plantea serias inquietudes sobre el compromiso
de la justicia haitiana para juzgar las atrocidades cometidas durante
dictadura.”
Llaman la atención asimismo sobre la inseguridad
jurídica y las míseras condiciones en que viven las personas detenidas en las
cárceles. “Casi el 70% de la población reclusa se encuentra en detención
preventiva prolongada, a veces desde hace varios años, y sin acceso a
asistencia legal. Las condiciones de vida en las cárceles son inhumanas y
degradantes. Debido a la falta de higiene y el hacinamiento existente, 275
reclusos han muerto de cólera desde su aparición en octubre de 2010.”
MINUSTAH: responsabilidad en la
epidemia y violación a los derechos humanos
Las organizaciones dedican un capítulo a la Misión de
las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), que ocupa Haití
por mandato del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas desde el año 2004, luego de la intervención militar
conjunta de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile que derrocó al Presidente
Jean-Bertrand Aristide.
El presupuesto para la operación de la MINUSTAH para
el periodo 2001/2012 fue el tercero más alto de las 13 misiones de
mantenimiento de la paz en todo el mundo.
El informe señala que “Ya en el
2004 el mantenimiento de esta presencia militar en Haití era difícil de
justificar. En la actualidad está aún menos justificada. Hoy la violencia en el
país no es política y la inseguridad proviene principalmente de la actividad de bandas criminales, un hecho
que ha sido confirmado por el Secretario General de las Naciones Unidas. En este contexto, Haití necesita un sistema
eficaz de justicia penal (incluido personal policial competente) para combatir
la delincuencia organizada, no una presencia militar” extranjera.
La FIDH, el RNDDH y el CEDH exigen a la MINUSTAH “que
reconozca su responsabilidad por el estallido de la epidemia de cólera” y que
establezca un comité permanente para atender las reclamaciones de las víctimas
de la epidemia. También exigen a la MINUSTAH “que informe sobre la situación de
los soldados que regresaron a sus países por haber cometido violaciones de
derechos humanos en el marco de la política de tolerancia cero”, ya que estos
deben ser objeto de investigación y de sanciones en sus países.
El informe
además expresa su preocupación porque “a pesar del inicio de un proceso de
depuración de los agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), la
participación de algunos de estos en actividades delictivas o violaciones de
los derechos humanos persiste”.
Estas son algunas de las recomendaciones que
hacen la FIDH, el RNDDH y el CEDH:
A las autoridades haitianas:
Garantizar las debidas condiciones de realojamiento y
un acompañamiento estructural de los desplazados;
Implementar las medidas solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2010 contra los
desalojos forzosos;
Implementar las medidas solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2010 en favor de las
mujeres y de las niñas desplazadas;
Tomar las medidas necesarias para luchar contra el
hacinamiento y garantizar condiciones dignas de detención;
Juzgar a las personas en prisión preventiva y
proporcionar asistencia legal a cada persona acusada;
Completar el proceso de formación de la Policía
Nacional y la depuración de los mismos;
Juzgar a Jean Claude Duvalier por los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante su régimen;
Organizar un trabajo de memoria sobre las víctimas de
la dictadura.
A la comunidad internacional:
Asegurar una mayor coordinación de los proyectos de
reconstrucción y de desarrollo entre los actores públicos y privados,
promoviendo proyectos que tengan como objetivo soluciones sostenibles que
asocien a las poblaciones afectadas;
Realizar estos proyectos en consulta y colaboración
con la sociedad civil haitiana.
Fonte: Otra
América
Nenhum comentário:
Postar um comentário