Título original: Caen envenenadores de la dictadura
La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados
de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación
considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei, en enero
de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma
clínica.
“Están procesados y con detención preventiva el médico
militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los
oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado
Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están
detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco.
Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos
políticos.
La investigación del juez Alejandro Madrid indicó que
el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la
dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención
Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un
hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación
producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile
desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los
encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia
del Ejército (DINE), afirmó la investigación.
El mismo equipo que figura en esta acción represiva es
investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982
en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son
señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien
falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo
Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”,
inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.
Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento,
constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a
Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a
la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio
palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un
veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás
involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos
políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y
talio.
El propio director del Instituto de Salud Pública
(ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en
un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una
reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el
encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las
Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las
necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial
Argentina.
Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro
además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los
investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez
Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de
Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería
dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.
Si bien la detención de los cuatro militares es
considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura
pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres
de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos
Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las
juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la
sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez
especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10
de diciembre de 1974 en la capital chilena.
Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron
incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje
para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes
del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos
2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192
permanecen aún como desaparecidos.
En diversas indagaciones judiciales se ha establecido que la dictadura militar utilizó también gas sarín y talio en contra de opositores.
Por Guillermo Rodríguez Morales, ex preso político
Periodismo Internacional Alternativo Chile
Fonte: El Ciudadano
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